Alfonso XII sancionó la disposición de creación del cuerpo de abogados del estado, contenida en el real decreto de 10 de marzo de 1881. La función atribuida significó la reunión de los elementos dispares de consulta en derecho y defensa existentes en determinadas dependencias del ministerio de hacienda, resultando en una mayor unidad de doctrina y criterio. (BOE, 179, Madrid, 28/7/1981: 17153-54)