Aunque el testamento del rey Felipe III (1598-1621) parece reconocer la sujeción a una legislación establecida en el orden sucesorio, también incluye la consabida cláusula de abrogación de todas las leyes, fueros y derechos comunes y particulares de sus reinos que contradigan el dicho documento, que gozará así del rango de ley promulgada en cortes generales. (José Antonio Maravall, 1984: II, 452)